El documento, que contiene 14 páginas, señala los lineamientos que se debe seguir durante un mes en estas tres provincias y los derechos que están restringidos.
El Decreto 455 sobre el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi fue publicado este sábado, 18 de junio del 2022, en el Registro Oficial.
A través de 17 artículos, el presidente Guillermo Lasso señala que declara el estado de excepción por grave conmoción interna. Esto ocurre por “motivo de las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan al correcto funcionamiento de los sectores estratégicos”.
De allí que, entre las medidas que tomará el Gobierno está el traslado de policías y militares para atender la seguridad de las provincias afectadas.
Además, se limitan los derechos ciudadanos. En esta sección, el documento que ya fue divulgado la noche del viernes, tuvo modificaciones.
Los cambios se dieron específicamente en el artículo 9. En un principio, en este punto se indicaba que se restringía “el derecho a la libertad de información en los espacios geográficos y limitaciones temporales” con respecto a “la calidad de servicios de telecomunicaciones fija, móvil y de Internet”.
Incluso, se indicaba que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en coordinación con la Policía y otras entidades podrían “requerir a los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad o limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones”.
Pero todo este articulado fue modificado en el documento final. Ahora, en esta parte se señala lo siguiente:
“Disponer de las requisiciones a las que haya lugar para mantener los servicios que garanticen los derechos de las personas y el orden y la seguridad interna. Las requisiciones se harán en caso de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de requisición, formalidades y documentación requerida y demás consideraciones sobre materia contenida en reglamentos respectivos”.
