La proyección es bajar el peso del gasto público en el presupuesto, fomentar la producción e invertir desde el Estado, pero principalmente en salud y educación. De hecho, entre el 2021 y el 2025, el Fisco prevé destinar USD 14 064 millones a obra pública, menos que los cinco años previos cuando inyectó USD 19 000 millones.
Un incremento del empleo y la construcción de una economía menos dependiente del Estado hasta el 2025 es lo que propone el presidente Guillermo Lasso.
Al menos es lo que plantea en el Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno ha presentado y que se llama Creando Oportunidades.
Pero para tal propuesta se buscará promover incentivos para una mayor productividad, competitividad y, de ese modo, atraer inversiones privadas.
La idea es caminar a una economía más agroexportadora y fortalecer otros sectores como el turístico, pero sin dejar el extractivismo, pues prevé un aumento de la contribución de la minería y duplicar la producción de crudo, que fue una promesa de campaña.
Con ello busca cumplir otro anuncio que ha hecho: crear 2 millones de empleos. Para eso, según el plan, “es esencial la existencia de una economía de libre mercado”.
Fernando Ibarra, titular del Parlamento Laboral Ecuatoriano, cree que más empleo es factible, siempre y cuando las políticas gubernamentales garanticen los derechos adquiridos por los trabajadores.
Ibarra señaló que los anuncios del Gobierno sobre una reforma laboral están encaminados a dar más facilidades a los empleadores que a los trabajadores. “Necesitamos un modelo productivo con inversiones, pero no a costa de la precarización laboral”, dijo.
Frente a ello, el Gobierno ha señalado que no hay nada más precario que no tener empleo.
Para Carlos Loiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, es positivo promover a la agroindustria o el turismo, pero no se debe descuidar a la construcción.
El Plan, además, plantea fortalecer vínculos comerciales con mercados internacionales.
Para Richard Salazar, director de Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), la apertura internacional permitirá el ingreso de productos ecuatorianos a nuevos mercados con preferencias arancelarias. Esta meta debe estar acompañado de acciones para mejorar la competitividad, como incentivos tributarios, dijo.
En el sector agrícola, el Gobierno plantea aumentar la productividad, pero para los productores esos objetivos necesitan inversión estatal.
Klever Rugel, del Frente de Defensa del sector agropecuario y pesquero para la soberanía alimentaria, comentó que los dineros se necesitan para programas de tecnificación, pues solo así los agricultores tendrán precios justos.
Según Rafael Guerrero, presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura, es necesario que el Gobierno detalle acciones para sectores en conflicto como el arrocero.
“Casi no se nombra al sector y no se le da el nivel de importancia que requiere”, aseguró.
Buena parte del plan económico depende de las reformas legales que deben pasar por una Asamblea donde no tiene mayoría. Los nuevos acuerdos comerciales también deberán ser aprobados por el Legislativo. El Gobierno ya ha anticipado que recurrirá a una consulta si encuentra bloqueos para avanzar en sus políticas.
Además del eje económico, el plan gubernamental tiene objetivos y metas sociales, de seguridad, ambiente e institucionalidad.
