Este miércoles 13 de julio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado presentaron sus observaciones sobre el veto parcial del Ejecutivo a la Ley del uso legítimo de la fuerza, que se revisa en la Comisión de Seguridad de la Asamblea.
Cristian Nieto, asesor jurídico de la Defensoría, recomendó a los legisladores rechazar las observaciones formuladas por la Presidencia de la República, y ratificarse en el texto original que, a su juicio, se ajusta a estándares en materia de Derechos Humanos.
“Se sugiere ratificar el texto enviado por la Asamblea con la finalidad de visibilizar los niveles de actuación de la persona o grupos intervenidos que permitan analizar a los servidores públicos la pertinencia de utilizar el uso progresivo de la fuerza en diferentes etapas, de acuerdo con lo permitido por la Constitución y los instrumentos internacionales”, señaló.
El objetivo de esta norma es regular el uso de la fuerza para militares, policías y agentes penitenciarios.
El procurador del Estado, Íñigo Salvador, evitó tomar partido. Sin embargo, identificó en el texto problemas de sintaxis o redundancias, que pueden dar lugar a distintas interpretaciones.
Por ejemplo, refirió que en el texto del Ejecutivo se alude a percepciones o subjetividades para el empleo de la fuerza letal frente a una amenaza inminente. Mientras, la Legislatura apuesta por establecer un tiempo mínimo para la reacción.
Asimismo, cuestionó que en el articulado se aludan a “armas menos letales”, cuando lo que correspondería es catalogarlas de “potencialmente letales”.
También evidenció que mientras la Asamblea considera que a los jueces les corresponde decidir si se aplica la prisión preventiva, en caso de que algún uniformado sea investigado por uso de la fuerza, el Ejecutivo pretende que se apliquen siempre medidas sustitutivas.
Uso de animales en protestas
Un capítulo aparte tuvo la objeción del Ejecutivo al artículo 44 del proyecto, sobre la prohibición del uso de la fuerza con animales de adiestramiento humano. El Procurado consideró que se deben establecer limitaciones en el caso de protestas.
Sin embargo, la Defensoría argumentó que “los animales no humanos son sujetos de protección amparados por los derechos de la naturaleza al considerarse seres sintientes con derechos propios. Por eso no pueden ser considerados fines para cumplir con la misión de las fuerzas de seguridad poniendo en riesgo su bienestar y salud. Además, que no pueden ser utilizados como armas en contra de la población movilizada”.
La Comisión prevé entregar un informe para resolución del Pleno en los próximos días. Para ratificarse en el texto aprobado, la Asamblea requiere de 92 votos, o 70 para allanarse a los textos propuestos por Carondelet.
