La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico (ID), Wilma Andrade, aseguró que en el informe se pusieron los “candados” para evitar privatizaciones de servicios públicos como la educación y salud.
La Asamblea se instaló este domingo 13 de marzo del 2022 para tramitar en primer debate el proyecto de Ley de Inversiones, presentado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica.
Sin embargo, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní, también de la Izquierda Democrática (ID), manifestó que en su bancada persisten algunas “preocupaciones” sobre este proyecto del Gobierno.
“Tenemos preocupaciones sobre lo que el Ejecutivo ha llamado la gestión delegada, que es otorgar a las empresas privadas la prestación de un servicio público. Esto se podría entender como privatización”, señaló.
Otro de las preocupaciones, añadió, tiene que ver con el régimen especial tributario para las zonas francas. Cuestionó que se pretenda otorgar exoneraciones de impuestos para distintas actividades.
“El proyecto tiene una propuesta privatizadora”, agregó Darwin Pereira, del ala radical de Pachakutik, quien manifestó que algunos legisladores sopesan plantear el archivo del proyecto.
Pereira argumentó que, si el texto es aprobado por la Asamblea, podría ser vetado por el Ejecutivo, y será difícil conseguir los 92 votos en el Pleno para ratificarse en las propuestas de los legisladores.
“Solo la irracionalidad y la falta de sensatez podrían pretender que este proyecto se archive”, reaccionó el oficialista Francisco Jiménez. “Nosotros consideramos que es una herramienta que le hace bien al país, que nos va ayudar a todos y, por tanto, debería aprobarse en el Pleno”.
Jiménez manifestó que el objetivo es atraer la inversión extranjera y lograr USD 30 mil millones en cuatro años, y así generar empleo.
“Es un documento claro que establece una posibilidad de coordinación importante entre el sector público y privado, que le da buenos márgenes al sector privado para que pueda trabajar, pero que de ninguna manera privatiza bienes públicos”, argumentó.
La Asamblea tiene de plazo hasta el 24 de marzo para aprobar o negar este proyecto, el segundo en materia económica del actual Gobierno después de la reforma tributaria que el 29 de noviembre de 2021 entró en vigor por el Ministerio de la Ley.
