“La comisión va a socializar la metodología y todo lo que tiene que ver con el censo, con el fin de poder ejecutar la política pública presentada en febrero. El SNAI y el INEC son los que van a realizar el censo”, se informó ayer desde la Secretaría de Derechos Humanos.
La tarde del jueves se reinstaló la sesión permanente del directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social e invitó a los integrantes del Comité de Pacificación a la reunión para entregarle detalles del prometido censo a los privados de libertad en el país.
La meta es que en junio de 2022 ya se tenga consolidado los datos recabados en el censo. Sin embargo, no hay fecha exacta para el inicio de las entrevistas de forma presencial.
El Organismo Técnico ha apuntado que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Registro Civil desarrollen la “metodología apropiada” para realizar la recolección de datos. Para ello, organismos pertenecientes a las Naciones Unidas y de la Unión Europea asesoraron a los equipos técnicos.
El titular del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, no precisó una fecha exacta, pero comentó que en las próximas semanas iniciará el levantamiento de información dentro de los centros carcelarios. Ya existe un calendario para el ingreso de los brigadistas a entrevistar a cada uno de los privados de la libertad. El general de la Policía también adelantó que, luego de un análisis de metodología, se tomará entre 30 a 35 minutos la entrevista con cada uno de las personas detenidas dentro del sistema penitenciario.
De acuerdo al plan de la política pública de la rehabilitación social, las directrices aún no pueden ser aplicadas por el simple hecho de que no cuenta con los datos claros sobre los seres humanos que están encerrados en las prisiones. Según el último registro presentado, en las 36 cárceles del país existen 40.108 presos.
Nelsa Curbelo, presidenta de la Comisión de Pacificación para las cárceles creada por el Gobierno Nacional, se refirió al proceso y dijo que existe una fuerte preocupación por tratar de cumplir con el censo pero también señaló que va un ritmo lento y que obviamente es porque depende de muchos factores de varias entidades que tienen relación a las cárceles.
“Se dan pasos seguros aunque vayan a mediana velocidad, que tiende a ir más rápido, hay mucha gente e instituciones empujando”, agregó.
Organización
Se necesita $12 millones para atender el eje de salud de la política pública. Sin embargo, no se puede dar debida asistencia por la falta de datos. Apenas hay 1.112 reos con enfermedades preexistentes, pero según el último estudio, el 70,2 % de internos ha desarrollado alguna enfermedad desde que llegó a la cárcel.
Base de datos
La última compilación de datos se dio en abril de 2021, a través de un documento llamado Diagnóstico del Sistema Penitenciario. El texto evidencia que actualmente el SNAI desconoce la cantidad real de presos en el país. Su base de datos, que tiene archivos multiplicados, registra un total de 240.960 presos.
Gestión
La inversión requerida para la ejecución de la nueva política pública es de $ 27 millones que serán aportados de las diferentes carteras de Estado que están relacionadas al sistema de rehabilitación social nacional. Es en su presupuesto anual que deben agregar un rubro para la gestión en las cárceles.
